Fuente: www.eldia.cl (DF), viernes 7 de julio de 2006.
Hace tres meses Ana Lya Uriarte cambió un cargo de absoluto bajo perfil -abogada de la Unidad de Medio Ambiente del CDE- por uno que en las últimas administraciones ha sido de alta exposición: la dirección ejecutiva de la Conama.
Hasta este minuto se había mantenido ajena a la exposición pública, dado que se encontraba abocada a la confección de los cuatro ejes estratégicos para la gestión ambiental de los próximos cuatro años y que buscan establecer “una política ambiental más exigente y moderna”, explica.
Son precisamente estos cambios que se están confeccionando los que en las últimas semanas han provocado preocupación en el sector privado. Incluso el presidente de la Sofofa, Bruno Philippi en su primera cuenta anual encendió una luz de alerta al plantear su preocupación por la creación del Ministerio de Medio Ambiente, señalando que si no existen los contrapesos adecuados podría dar mayor respaldo político a iniciativas de protección ambiental, por sobre las de emprendimiento.
Ante estos planteamientos, Ana Lya Uriarte llama a la calma. Considera que el empresariado no debería preocuparse respecto de lo que está por venir: “la nueva institucionalidad ambiental no va a hacer más que establecer que el componente ambiental es fundamental para el desarrollo de todas las actividades”.
-En las últimas semanas Bruno Philippi planteó que existe inquietud en el empresariado en torno al tema ambiental.
-Hemos tenido encuentros y conversaciones con diversos representantes del sector privado y la verdad de las cosas es que no advertimos aprensiones respecto a la política ambiental, sino una disposición al diálogo y a lo que significa una gestión ambiental responsable por parte del sector privado. De manera que entendemos que no debe existir ninguna preocupación respecto de lo que está por venir en cuanto a institucionalidad ambiental.
Además proporcionará a Chile dos elementos fundamentales. Por una parte garantía respecto de la protección medioambiental y, en segundo lugar, un marco regulatorio donde la actividad económica puede desarrollarse y crecer como la ha venido haciendo hasta ahora en un marco de reglas claras que solamente facilitarán su competitividad en el nivel internacional.
-¿Cuál es la gran diferencia en materia medioambiental que plantea este gobierno respecto a los anteriores?
-Hoy la visión está fundamentalmente orientada a buscar ejes estratégicos de largo plazo que den cuenta de esta realidad tan demandante tanto en lo nacional como en lo internacional respecto al tema medioambiental. Con esto quiero decir que la gestión ambiental hoy día tiene características que hemos visto que han empezado a presentarse en los últimos años y que naturalmente cuando se creó esta institucionalidad no aparecían, por ejemplo, conflictos entre sectores a propósito de la instalación de nuevos proyectos. La agricultura enfrentada con la energía o el turismo, etc.
-¿Cómo se resuelven esos conflictos, cómo el gobierno va a decidir qué área es mejor para un proyecto en desmedro de otro?
-No corresponde que sea el gobierno en una decisión de la autoridad ambiental el que decida qué proyecto se implementa y cuál no. Lo que corresponde es que, por ejemplo, a partir de la implementación de una estrategia nacional de cuencas, dispongamos de la información ambiental que nos permita a nosotros como entes públicos, en conjunto con el sector privado y la comunidad, disponer de la mayor información posible.A partir de los múltiples usos que tiene la cuenca, se puede definir cuáles son los proyectos que resultan más convenientes de ser implementados, dando señales orientadoras al sector privado respecto de dónde estarán mejor ubicadas sus inversiones, tanto espacial como temporalmente, y de acuerdo también a lo que significa la expectación social.Hay proyectos que generan un gran nivel de conflictividad social, algunos por falta de información y otros por condiciones objetivas. Estas son señales que el sector privado tiene que tener a disposición antes de plantearse sus proyectos.
-¿Este orden territorial no va a restringir la expansión de otras áreas de negocios y concentrar las actividades en zonas específicas?
-No estamos apuntando a un ordenamiento obligatorio territorial. A lo que apuntamos es a la conformación de una institucionalidad a partir de la cual las cuencas pueden ser organizadas en macrocuencas donde convivan distintas actividades. El sector público tiene una obligación preponderante de poner a disposición la información para que los diferentes sectores analicen y evalúen cuáles son los mejores usos para los distintos sectores involucrados en la cuenca.
-Pero ciertamente va a ser restrictivo… es decir, van a existir diferentes áreas productivas que no van a poder convivir en una misma cuenca….
-No, porque no estamos pensando en regulaciones que excluyan la posibilidad de realizar actividades. Estamos diciendo que a partir de información disponible el propio sector privado puede tomar la decisión respecto de la localización de sus proyectos, porque va a conocer el tipo de problemas a los que se va a enfrentar si toma una mala decisión respecto de localización.Se puede encontrar con conflictividad social, con conflictos con otros sectores de interés o de desarrollo de actividad o se puede encontrar con problemas ambientales.
Por ejemplo, qué importante sería si alguien va a instalar algún tipo de establecimiento que le informen que debajo de su instalación puede haber una falla geológica. Ese tipo de información es la que vamos a poner a disposición y que hoy día el privado no tiene cuando toma sus decisiones.
Entonces se trata de sincerar un conjunto de información ambiental en forma ordenada y sistemática desde todo punto de vista, hidrológica, de suelos, de aire, de ventilación, etc. acompañado de un diálogo social donde los propios actores de esa cuenca –incluido el gobierno que la proporciona- tengan información respecto de los mejores usos.
Asimismo, se trata en definitiva, de crear espacios de diálogo, pero institucionalizado, en que son respetados los límites impuestos por la naturaleza.
-¿Ya están trabajando en esta iniciativa?
-La buena noticia en esa materia es que el 25 de mayo la sesión del Consejo Directivo de la Conama, que es el Consejo de Ministros, acordó constituir un comité interministerial que haga el diseño que se empleará para la elaboración de la estrategia nacional de cuencas. Este proceso será coordinado por Conama pero participarán los ministerios que están en el Consejo Directivo, porque es necesario que la mirada ambiental sea transectorial, de manera de poder abarcar todos los ámbitos.
-¿Se han dado plazos?
-Estamos hablando de un proceso que en ningún caso puede ser inferior a un año. Se trata de la elaboración de una estrategia cuya implementación naturalmente es compleja porque hay que vincular distintos recursos, y además un tema institucional. Lo que buscamos es pasar desde una gestión sectorial en la cuenca a una gestión integrada de los distintos sectores incluyendo diálogo ciudadano y participación de los sectores involucrados. Entonces es un cambio radical respecto de lo que hemos vivido hoy día como gestión ambiental, donde cada particular toma la decisión que estima pertinente y la lanza al sistema…
Proyecto Aysén
-¿Hay algún cambio en la visión de proyectos de inversión planteados en el gobierno anterior como Pascua Lama, Arauco y Aysén?
-De los proyectos que señalan y que están en el sistema, que ya ingresaron, hay algunos que ya están resueltos definitivamente como es el caso del proyecto Pascua Lama.Respecto del proyecto Aysén, lo que conocemos es por la prensa y naturalmente del estudio de la autorización provisional que otorgó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles recientemente para que haga las prospecciones.Sabemos que esos proyectos ingresarán al sistema y que lo harán antes de que esté implementada una estrategia nacional de cuencas. Cuando ingrese el proyecto, coordinaremos distintos sectores con competencias ambiental y lo analizaremos de acuerdo a los impactos que genera el tipo de tecnología que trae aparejado y todos los factores que pudieran afectar ambientalmente. Esa es nuestra tarea y la haremos disponiendo de los mejores recursos técnicos que tiene Conama y en coordinación con los otros servicios que tienen que jugar un rol en cada proceso de evaluación ambiental.
-Si bien el IEIA no ha sido ingresado, ¿han tenido contacto con Endesa y Colbún?
-No, ninguno.
-¿Y con quienes se oponen al proyecto?
-Hasta este minuto no he tenido reuniones ni acercamientos con sectores ciudadanos que se opongan. Sin embargo, les puedo garantizar que sí va a ocurrir pues en los tres meses que llevo en la dirección ejecutiva de la Conama, he recibido a múltiples organizaciones no gubernamentales que se han opuesto a un proyecto u otro indistintamente. Y en el caso Endesa hay una entrevista pedida por un grupo que se opone a la construcción de la central y naturalmente los vamos a recibir y escuchar su planteamiento porque este es un servicio público y nosotros escuchamos a los ciudadanos.
-¿Ese grupo, es el liderado por Víctor Hugo Puchi?
-Sólo sé que está pedida la entrevista y que el tema es Aysén. Creo que es de carácter más ciudadano, menos conocido que el del señor Puchi. El no ha pedido entrevista, pero nos reuniremos con todos aquellos que quieran conversar con nosotros, en nada obstaculiza ni crea problemas escuchar los planteamiento desde las distintas visiones.
-¿Cómo se están preparando para enfrentar las presiones una vez que ingrese el EIA?, porque estamos hablando de una inversión de US$ 2 mil millones y de muchos grupos económicos que van a presionar como los salmoneros, el turismo y la comunidad.
-La preparación es la que nos corresponde como servicio que es estar preparados técnicamente para enfrentar megaproyectos como puede ser el proyecto Aysén. Nuestra única preparación posible, insisto, es técnica.
-¿Y las presiones políticas?
-No estamos en condición de evaluar presiones políticas porque el trabajo que hacemos es técnico.
-Pero las presiones siempre existen en los grandes proyectos
-En los tres meses que llevo, me ha tocado enfrentar exclusivamente la resolución de las reclamaciones de Pascua Lama y la verdad es que me aboqué a cumplir mi tarea y no recibí presiones políticas, escuché organizaciones ciudadanas pero no estimo que ellas constituyan presión, son una manifestación de un interés ciudadano o una legítima aprensión. De la misma manera, cuando ingrese el proyecto Aysén escucharé a los grupos ciudadanos que tengan aprensiones o que eventualmente se opongan. Con las empresas que presentan proyectos nosotros nos entendemos técnicamente en lo que es el proceso de evaluación de impacto ambiental. Presiones políticas adicionales no las he vivido y no corresponden que sean planteadas en este servicio.
El caso Arauco
-¿Con la gente de Arauco han tenido reuniones?
-Sí, con la empresa existe comunicación. Por ejemplo, en la octava región nos han comunicado que han postergado su inicio de producción de celulosa.
-¿Y respecto a Valdivia?
-Sí, nos hemos reunido con la empresa, así como con la organización Acción por los Cisnes y otros actores. Respecto a este caso, es importante señalar que hace unos pocos días le informamos a la empresa en el sentido de que el gobierno ha decidido incorporar el humedal del río Cruces, Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, al Registro Montreaux que tiene la Convención Rasmar, que es la Convención Internacional de Protección de los Humedales.
-¿Y esta determinación qué implica para ellos?
-Lo que implica para el gobierno chileno, es que si el humedal del río Cruces ingresa a este registro tenemos la posibilidad de pedir asistencia técnica especializada para que nos cooperen en el diagnóstico y reparación del humedal.
-Eso requeriría una inversión
-Estamos en los trámites de incorporación de Montreaux, pero indudablemente esto va a requerir recursos.
-Y esos recursos ¿de dónde saldrán?
-Habrá que verlo en el momento que tengamos un catastro de cuáles son las medidas, cuáles son los montos involucrados.
-Pero eso asumirá el gobierno o la empresa también tiene que hacerse cargo
-La empresa ha manifestado en distintas ocasiones a través de medios públicos y también a las autoridades, que tiene un compromiso con la región donde está instalada, con la X región concretamente y San José de la Mariquina, Valdivia en general y que ese compromiso implica que están en la disposición de hacer sus mejores esfuerzos para apoyar medidas de recuperación del humedal
-Y cómo están viendo el tema de la construcción del ducto, se suponía que iba a entrar en marzo pero fue postergado, ¿han tenido novedades?
-No, pero entendemos que los plazos para una solución alternativa a la descarga de sus riles al río cruces, por parte de la empresa ya está en marcha.
-¿Cuándo vence el plazo?
-En abril del próximo año.
Los 4 ejes estratégicos CONAMA diseñó la hoja de ruta que guiará su gestión durante el período 2006-2010
1) Componente ambiental en las políticas públicas: Apunta a profundizar la incorporación del componente ambiental en las políticas, planes y programas públicos.
2) Gestión ambiental del territorio y conservación de la naturaleza: Garantizar que el desarrollo del país se produzca en equilibrio con la sustentabilidad de los recursos naturales y la biodiversidad.
3) Ciudades sustentables: Implementar instrumentos de gestión, políticas y programas públicos que permitan mejorar la calidad ambiental de las ciudades y que favorezcan la interacción de las personas con la naturaleza.
4) Participación ciudadana y transparencia en las decisiones ambientales: Fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información con respecto a las decisiones ambientales. Para eso se fortalecerá la gestión ambiental local.
La nueva Superintendencia
Uno de los grandes desafíos de Ana Lya Uriarte es hacer eficiente la fiscalización medioambiental en este periodo de transición institucional, por lo que el gobierno se ha comprometido antes de fin de año ingresar al Parlamento el proyecto de lo que será la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.
“La entidad se orientará a hacer más eficiente la fiscalización, tecnificada y sobre todo eficaz, es decir, que cumpla con su objetivo que es de protección medioambiental”, explica.
Para obtener ese objetivo se trata de verificar si se están respetando las leyes medioambientales y las Resoluciones de Calificación Ambiental en el caso de los proyectos que hayan ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto pasa naturalmente por un proceso sancionatorio, cuando corresponda.
-¿Esta superintendencia cómo se conformará?
-Es un proyecto que está en elaboración, por lo tanto, las características de la conformación organizacional aún no etsán definidas.
-Usted ha planteado la idea que al estar la comunidad más informada puede ejercer un rol de apoyo a la fiscalización, ello más la proliferación de grupos ambientalistas ¿podría entorpecer algunos proyectos?
-No. En absoluto. No hay que confundir los planos. Estamos pensando en una ciudadanía informada para lo cual nuestro compromiso es avanzar en los procesos de participación ciudadana y educación ambiental. Y naturalmente lo que estamos esperando de esa ciudadanía informada y responsable ambientalmente es que nos provea de información y serán las autoridades competentes las encargadas de desarrollar los procesos fiscalizadores correspondientes. De acuerdo al mérito que esas investigaciones arrojen se tomarán las decisiones que correspondan. De manera que son dos planos distintos.
-¿Hay cooperación del sector privado en el proyecto de la Superintendencia?
-Todos los sectores van a ser escuchados. La idea es que señalen cuales son sus opiniones respecto a aquello con que contamos y aporten desde su perspectiva.-
