Multan a Celco, Echeverría-Izquierdo e ITC por accidente radiactivo

Fuente: www.elsur.cl, sábado 8 de julio de 2006.

Monto de las sanciones alcanza a los $50.968.000 y el sumario responsabiliza a las empresas del accidente.

Sumario sanitario por evento radiactivo en planta Celco Nueva Aldea, en diciembre, sancionó con multas a la celulosa, una constructora y una subcontratista.

Por su responsabilidad en el accidente radiactivo que afectó al área de evaporadores del Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea, el pasado 15 de diciembre, la autoridad sanitaria de la Región del Biobío sancionó con multas por 1.600 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir sobre $ 50 millones, a la subcontratista Inspecciones Técnicas y Control de Calidad (ITC), la constructora Echeverría-Izquierdo y la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), en conjunto.

La sanción más grave fue para la empresa ITC, a cargo del proyector gammamétrico (equipo de radiografía industrial, usado para medir la calidad de las soldaduras) que causó el accidente, luego que perdiera su isótopo de iridio. La autoridad sanitaria aplicó una multa de mil UTM ($31.885.000) porque la empresa no siguió los procedimientos establecidos para el tipo de actividad que realizaba.

«La persona que operaba el equipo no era la autorizada, no se respetó el procedimiento de uso, no hicieron los controles posteriores a ocupar el equipo; es decir, son una serie de fallas técnicas que, en definitiva, dieron origen al accidente», afirmó Andrea Aste von Bennewitz.

Echeverría Izquierdo fue sancionada con una multa de 300 UTM ($9.556.500) por no haber informado a sus trabajadores de los riesgos que corrían por laborar en áreas donde había intenso uso de equipos radiactivos. La empresa Celco recibió una multa por el mismo monto, por haber hecho caso omiso de las advertencias realizadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), que en septiembre de 2005 inspeccionó el complejo Nueva Aldea y descubrió irregularidades en el uso de los equipos.

Las empresas tienen cinco días hábiles para presentar un recurso de reposición administrativa ante la misma autoridad sanitaria, para intentar revertir la sanción o rebajar los montos. Aun después de eso, pueden recurrir a los tribunales de justicia.

Fuentes de Celulosa Arauco y Constitución informaron que la empresa recién está en análisis de los fundamentos del resultado del sumario.

Suspenden proceso

El titular del Juzgado de Garantía de Coelemu, magistrado Patricio Arteaga Stuardo, autorizó la proposición de la fiscal Ana María Aldana, en cuanto a suspender condicionalmente el procedimiento, en el caso de la investigación por uso de equipos radiactivos sin licencia que seguía en contra de Francisco Rojas Núñez (23) y Carlos Arteaga Muñoz (21), ambos ex operarios de la empresa ITC.

La condición con que fue suspendido el proceso apunta a que ambos trabajadores estarán obligados a dictar cursos de capacitación por al menos cuatro horas mensuales, o concurrir al mismo tipo de instrucción, por ocho horas, durante un año.

Por el mismo periodo deberán firmar periódicamente ante el Ministerio Público, y fijar domicilio ante las autoridades. La fiscal Ana María Aldana explicó que optó por esa medida, con el acuerdo de todos los querellantes. «Se trata de delitos equiparables a manejar con una licencia de conducir no apta para el vehículo usado, y, por el bajo nivel de la pena el Ministerio Público prefirió esta salida alternativa», dijo.

Ahora, en la investigación sólo están como imputados Sergio Pérez Valdés (44) y Lautaro Dominguez Ferrer (61), ambos con cargos administrativos en ITC, y que están acusados de daño nuclear por negligencia, delito que tiene una pena máxima de cinco años de cárcel.

Preparan demandas

El abogado Alex Quevedo Langenneger, querellante en la causa por daño nuclear abierta por el Ministerio Público, por la fuga radiactiva del 15 de diciembre en Nueva Aldea, informó que el resultado del sumario sanitario que sancionó a Celco, Echeverría-Izquierdo e ITC le permite perseguir penalmente a los directivos de esas empresas.

Confirmó además que ello también le permite interponer demandas civiles a nombre de los 150 trabajadores de Echeverría-Izquierdo querellantes en la causa. «La responsabilidad civil ahora queda más clara, pues, al menos en parte, el accidente ocurrió por las omisiones de las empresas», afirmó.-

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