El 19 de mayo pasado, justo dos años después que un conjunto de parlamentarios presentara una Moción para proteger a todos los glaciares del país como reservas estratégicas de agua dulce,concluyó la votación del proyecto en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
La iniciativa parlamentaria del 20 de mayo de 2014 fue sustituida por un texto del gobierno que redujo la protección de los glaciares sólo a aquellos que están en parques nacionales y reservas, los cuales ya están protegidos.
La mezquina propuesta gubernamental visada por los ministerios de Hacienda y Minería, para no afectar los intereses mineros presentes y futuros, fue defendida por el Ministro de Medioambiente Pablo Badenier y el Director General de Aguas Carlos Estévez, y deja desprotegidos todos los glaciares entre Atacama y Maule, (ya que allí no existen glaciares en parques nacionales) no obstante ser las regiones con mayor estrechez hídrica.
Así, todos los glaciares fuera de parques y reservas quedaron a merced del Sistema de Evaluación Ambiental, es decir la misma suerte que han corrido los glaciares “protegidos” por los “permisos ambientales”; Cabe recordar lo ocurrido con el proyecto Pascua Lama en la cuenca del río Huasco, Pelambres en el Alto Choapa, y Codelco Andina en la cuenca del Aconcagua.
Ante la rebelión de sus propios parlamentarios y la denuncia pública de las organizaciones ambientalistas, el gobierno ofreció agregar una segunda alternativa de protección, consistente en declarar como Reserva Estratégica de Agua Dulce caso a caso a algunos glaciares, según su volumen de hielo y su ubicación en zonas áridas. Sin embargo, esta categoría tal y como esta propuesta, puede ser impugnada administrativa y legalmente por quienes argumenten que sus intereses serán afectados, lo que obviamente está diseñado para que las empresas mineras hagan valer el derecho que les otorgan las concesiones mineras.
El proceso propuesto por el gobierno para establecer estas Reservas Estratégicas consiste en publicar anualmente en la página web de la Dirección General de Aguas, un listado de los glaciares que según esta autoridad “son susceptibles de ser declarados” como Reservas Estratégicas, lo cual puede ser impugnado.
Los glaciares que caigan víctima de esta impugnación y obviamente todos los que no están en el listado, es decir, la mayoría de los glaciares de nuestro país, continuarán condenados a las condiciones del Sistema de Evaluación Ambiental, cuyos resultados conocemos. Así, a pesar de nacer a la legalidad, y ser reconocidos como bienes públicos, los glaciares siguen en la misma situación actual.
