El 9 de agosto pasado concluyó la votación de la reforma al Código de Aguas en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual respaldó los importantes avances alcanzados en la Cámara para el establecimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento -los que deben ser garantizados por el estado- la priorización en el otorgamiento de derechos de los usos de subsistencia y la sustentabilidad de los ecosistemas y el establecimiento de reservas de agua para dichos fines.
Además del establecimiento de caudales ecológicos para los derechos otorgados y por otorgar, el requerimiento de información sobre captación y restitución de las aguas en las cuencas; la extinción de derechos por acaparamiento y no uso; y caducidad de estos en caso de no regularización o no inscripción; y el reconocimiento de los derechos de agua para conservación y uso turístico, entre los más importantes.
Con esta reforma, que aún debe ser votada por la Comisión de Agricultura y Hacienda, Chile esta corrigiendo parte de los graves problemas que ha tenido la aplicación del Código de 1981, pero al mismo tiempo incorporando mecanismos para avanzar al menos tímidamente hacia mayor seguridad hídrica, en el contexto de los impactos e incertidumbres que esta generando el cambio climático.
Los cambios aprobados hasta hoy en la reforma, permite también al país cumplir con parte de las recomendaciones realizadas por la OECD el año pasado, en el marco de la “Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile”. En esta evalución inter pares, se ha llamado la atención a nuestro país sobre la necesidad de “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos, establecer usos esenciales del agua a los que se otorgue alta prioridad, desarrollar una base de información y la resolución de conflictos relacionados con el agua, reformar el régimen de asignación de aguas para evitar la asignación y extracción excesiva, e imponer límites efectivos y exigibles a las extracciones y acelerar un registro transparente de los derechos de agua y reforzar la fiscalización y sanciones a las extracciones ilegales y degradación de las fuentes”.
Chile es miembro de la OECD y los sectores gremiales, principalmente exportadores que se benefician de esta membresía, en vez de seguir presionando para atrasar la tramitación de la reforma al Código de Aguas, deberían apoyar el proyecto y cumplir la “suma urgencia” que el gobierno ha dado finalmente a la tramitación de la reforma.
El contexto climático y político es evidente, las condiciones del comercio también. El sector empresarial, especialmente la minería y la agricultura, tiene que terminar con el doble estándar respecto del marco normativo en que se apoyan sus emprendimientos y la viabilidad de sus exportaciones.
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