En Comisión de Medio Ambiente de Senado que revisa reforma al Código de Aguas.
Oscar Cristi expuso ante los senadores, reforzando que para mantener la certeza jurídica más que precarizar el derecho de propiedad a través de condiciones a este, el Estado debiera “utilizar la atribución que le permite adquirir y comprar los derechos de agua cuando sea necesario”.
El consumo humano, la conservación y el crecimiento económico son los tres principales desafíos de la Dirección General de Aguas (DGA) en materia de recursos hídricos bajo la administración del gobierno de Sebastián Piñera. Así se desprende de la presentación que el titular del organismo, Oscar Cristi, hiciera a mediados de agosto ante la Comisión de Agricultura del Senado en el marco de la discusión de la reforma al Código de Aguas que, en segundo trámite constitucional, lleva adelante dicha instancia legislativa.
Sobre la reforma el funcionario recalcó el desacuerdo de la actual administración con algunos aspectos ya aprobados por la Cámara de Diputados. El principal, la temporalidad de 30 años en el otorgamiento de derechos de agua y la caducidad de estos para los casos en que los recursos hídricos no se utilicen luego de un determinado lapso, lo cual complementaría el sistema de multas que opera hoy para evitar la especulación y acaparamiento. “En lugar de la temporalidad y caducidad, en nuestra opinión la DGA debería utilizar la atribución que le permite adquirir y comprar los derechos de agua cuando sea necesario” indicó, reforzando que en opinión del Ejecutivo la temporalidad y caducidad precarizaría el derecho de propiedad sobre el agua.
En este sentido confirmó su respaldo a las propuestas que permitan a la DGA comprar derechos de agua para su redistribución, el aumento del monto de las patentes por no utilización, facilitar el otorgamiento de autorizaciones para consumo humano, que se puedan entregar concesiones para conservación medioambiental (mediante la figura del “no uso”), la prohibición de constituir derechos de agua en glaciares, facilitar la regularización, y potenciar el mercado del agua y su transparencia.
Un catastro de aguas incompleto
En su exposición, del 20 de agosto, Oscar Cristi apuntó a una falta de coordinación informativa entre la DGA, los tribunales y el Servicio Agrícola Ganadero, que son los tres organismos que están facultados para entregar derechos de agua vía diversas figuras, y que sería uno de los motivos de que en muchas cuencas se haya autorizado la extracción de mayor caudal que el existente. “Esto es importante porque ha generado ciertos problemas en el sobre otorgamiento de derechos, ya que los tribunales si bien pueden solicitar información a la DGA en los procesos de derechos consuetudinarios, no necesariamente le informan de su constitución, por tanto no entran en la contabilidad de la dirección por el otorgamiento de nuevos derechos” explicó.
En este sentido reconoció que el Estado no tiene conocimiento cabal sobre todo el volumen de derechos de agua entregado a nivel país. Al día de hoy, en el Catastro Público de Aguas se consignan 93.061 títulos consuntivos equivalentes a 3.653.282 l/s y 11.196 no consuntivos correspondientes a 58.371.510 l/s.
A pesar de lo exacto de la cifra, el problema es otro. “Como DGA solo conocemos una parte de los derechos de agua. Es difícil estimar lo que no sabemos” agregó, recordando que en un estudio realizado por él en 2013 estimó que solo un 20 % estaba registrado. Eso, señaló, ha ido aumentando y se cree que en el mejor de los casos llega a un 50 %. De lo que se sabe, agricultura y minería consumen un 82 % del agua y aportan un 14 % al Producto Interno Bruto.
En este sentido, detalló que el trabajo de la DGA se concentrará en la mejora significativa de los datos, planes de cuenca, mediciones de extracción y calidad, fiscalización tecnológica, tramitaciones expeditas, transparencia y reducción de costos del mercado del agua y recaudación de patentes por no uso.
Miércoles 12 de septiembre de 2018.
Por Patricio Segura
