Lo positivo, lo negativo y lo pendiente
Evaluación de Chile Sustentable sobre el acontecer y desempeño ambiental en el país.
AVANCES Y RETROCESOS AMBIENTALES DURANTE EL AÑO 2018
Lo positivo, lo negativo y lo pendiente del acontecer socioambiental y las políticas medioambientales aparecen en este breve balance realizado por Chile Sustentable sobre sobre lo acontecido a nivel nacional durante 2018.
Desde la perspectiva ciudadana y como un aporte al debate nacional Chile Sustentable realiza anualmente este balance como contribución para la creación de conciencia y opinión pública sobre los hechos, noticias y acciones ocurridas en el país en el año que termina y los desafíos que trae el año 2019.
Entre los hechos positivos, el año 2018 se destaca la declaración por parte de la administración de Michelle Bachelet, en el mes de febrero, de cinco nuevas áreas marinas protegidas: Archipiélago de Juan Fernández, Islas Diego Ramírez-Paso Drake, Rapa Nui, Seno Almirantazgo y Tortel. Esto ha permitido cumplir con el compromiso establecido en las metas Aichi, de proteger, de aquí al 2020, al menos el 10 % de las zonas marinas y costeras. Muchos de los ecosistemas marinos en Chile son de gran valor científico a nivel internacional y constituyen áreas claves para el monitoreo de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad marina y terrestre en el extremo sur del continente americano. Con esta declaración Chile completa 14 áreas marinas protegidas.
En nuestro balance, también destacamos la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en octubre pasado, que resolvió la clausura definitiva a las faenas del proyecto minero Pascua Lama. Este proyecto de extracción de oro y cobre a tajo abierto nunca alcanzó a operar y sus faenas se detuvieron en 2013. El tribunal determinó aprobar la sanción de clausura definitiva respecto del cargo nº 7, referido al cumplimiento parcial del compromiso de monitorear los glaciares y glaciaretes emplazados en el área de influencia del proyecto. Este fallo resulta un gran precedente para el monitoreo de los proyectos de extracción minera que se realizan o pretenden realizar en zonas próximas a glaciares, áreas protegidas o reservas de la biósfera.
En el ámbito de la acción ciudadana, cabe destacar el otorgamiento del Premio Internacional de Derechos Humanos al dirigente de Modatima, Rodrigo Mundaca por su destacada labor de denuncia de la sobreexplotación y usurpación de aguas por parte de empresas agroindustriales en la provincia de Petorca, al norte de la región de Valparaíso, a costa de la destrucción de las economías campesinas por falta de acceso al agua. Adicionalmente se destaca la Campaña Chao Carbón, impulsada por ONG nacionales y organizaciones sociales locales de las 5 zonas de sacrificio donde se localizan las termoeléctricas a carbón, y que padecen altos índices de contaminación y Planes de Descontaminación irregulares -Sobre todo en el caso de Quintero y Huasco-, que no aseguran la reducción de contaminantes. La campaña cuyo objetivo es el cierre de las termoeléctricas a carbón, logró en su primera etapa llegar a 3 millones de chilenos.
A nivel de política pública, cabe destacar también la regulación impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, para terminar con el uso de bolsas plásticas. La legislación al respecto, entró en vigencia el mes de agosto y tiene por objetivo eliminarlas gradual y completamente del sector comercio, constituyendo un aporte real a la reducción de la contaminación local marina y terrestre por esta causa.
En cuanto a los hechos negativos que marcaron este año, destaca la intoxicación masiva de más de un millar de personas en las comunas de Quintero y Puchuncaví, provocada por alta contaminación atmosférica del parque industrial local durante agosto y septiembre. Los constantes episodios de intoxicación sufridos por esta comunidad son la demostración más clara del abandono del Estado de Chile de su deber constitucional de resguardar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y una deuda histórica con las denominadas “zonas de sacrificio”, donde los sucesivos gobiernos han priorizado los intereses de grandes empresas privadas por sobre la salud de la población.
Aunque los impactos por derrames de carbón, petróleo y contaminación atmosférica no son nuevos en la zona, la gravedad de los episodios ocurridos en Quintero, hizo ver a todo el país los riesgos a que están expuestas constantemente las familias que habitan en zonas con polos industriales, especialmente las denominadas “zonas de sacrificio”, por sufrir situaciones de saturación de contaminantes atmosféricos provenientes de centrales termoeléctricas a carbón, entre otras, internacionalmente definidas como perniciosas para la salud.
A nivel político, dos decisiones del actual gobierno han causado indignación ciudadana a nivel nacional e internacional: La primera es el retiro del patrocinio, por parte de la ministra Cubillos, al Proyecto de Ley para la Protección de Glaciares en el territorio nacional, bloqueando su tramitación en el Congreso. Esta medida, deja en total desprotección legal los glaciares, las reservas de agua más importantes en la zona central, y poniendo en mayor riesgo la seguridad hídrica del país, ya afectado por el cambio climático.
La segunda, corresponde a la negativa del actual gobierno de firmar el Acuerdo de Escazú, hecho que evidencia una opción política por bloquear el derecho a la informacion y participacion ciudadana en decisiones ambientales que había sido apoyada por gobiernos anteriores. Este atentado a la democracia ambiental ha sido tildado como grave y un bochorno internacional, dejando muy mal parado al Estado chileno ante la comunidad internacional.
Finalmente, entre los pendientes para el año 2019, está el Plan de Descontaminación de Quintero y Puchuncaví, y la norma de dióxido de azufre (SO2) que comprometió el gobierno para prevenir la ocurrencia de nuevas emergencias sanitarias en la zona y saldar la deuda de carecer de una norma horaria de este peligroso contaminante atmosférico.
También está pendiente, el anuncio del cronograma de cierre y/o reconversión de las termoeléctricas a carbón que debe anunciar el Ministerio de Energía durante el primer trimestre, en el marco del acuerdo firmado en enero de 2018 por el Ejecutivo y las empresas propietarias de unidades que operan con carbón (ENEL, Engie, AES Gener y Colbún).
En el ámbito legislativo, se encuentra pendiente la votación de la reforma al Código de Aguas en el Senado, proyecto que lleva 6 años de tramitación y que ha sido bloqueado por la actual administración. Este reforma es clave para establecer prioridades en el acceso y uso del agua, así como también asegurar el mantenimiento de las cuencas y los ecosistemas; tomando en cuenta el contexto actual de escasez hídrica y los problemas de abastecimiento de las poblaciones rurales. Asimismo, se espera la votación del proyecto que impide otorgar derechos de agua sobre glaciares y que establece actividades prohibidas en zonas de glaciares.
También quedó en el tintero la tramitación del proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; se espera que en 2019 se reinicie la tramitación y se perfeccione el texto actual para el efectivo resguardo legal de las áreas protegidas.
1. Aumento de áreas marinas protegidas.
Un total de 14 áreas marinas protegidas existen hoy en Chile, al sumarse las cinco nuevas áreas marinas protegidas declaradas durante la administración de Michelle Bachelet el pasado 27 de febrero: Archipiélago de Juan Fernández, Islas Diego Ramírez-Paso Drake, Rapa Nui, Seno Almirantazgo y Tortel. Esto ha permitido cumplir con el compromiso establecido en las metas del Convenio de Aichi, de proteger, de aquí al 2020, al menos el 10 % de las zonas marinas y costeras. Con la creación del Parque Marino Islas Diego Ramírez-Paso Drake (Región de Magallanes y Antártica), Chile estableció el área protegida más austral de América, protegiendo uno de los lugares más prístinos del mundo debido al bajo impacto humano, constituyéndose como un área de alimentación, reproducción y refugio para una gran diversidad de algas, moluscos y vertebrados amenazados, como el albatros de cabeza gris (en peligro de extinción), el pingüino de penacho amarillo (vulnerable) y el pingüino macaroni (vulnerable). La mayor colonia reproductiva del albatros de cabeza gris de Chile y la mayor colonia del pingüino de penacho amarillo en el planeta viven en la zona. Estas islas son de gran valor científico no sólo para Chile, sino que para el mundo, ya que se puede monitorear el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad marina y terrestre del extremo sur del continente.
2. Entra en vigencia la prohibición del uso de bolsas plásticas en todo Chile. En el mes de agosto comenzó a regir en todo el territorio nacional la ley de bolsas plásticas, que tiene por objetivo eliminarlas completamente del comercio y la distribución. La ley se ha aplicado de manera paulatina, por lo que hasta febrero de 2019 el comercio a gran escala puede entregar dos bolsas por cliente como máximo. Para el comercio pequeño, el plazo se extiende a dos años para adaptarse a la normativa. Esta medida resulta de vital importancia para reducir el impacto del plástico sobre el medioambiente, y en particular en el medio marino. La mayoría de desechos plásticos en las costas chilenas son vertidos por fuentes locales, generando la muerte de fauna marina por ingestión o estrangulamiento.
3. Chile se posiciona como líder en Latinoamérica en ERNC. Por primera vez Chile fue elegido como líder mundial de energías renovables en el informe «Climatescope 2018», que analiza las políticas sobre el tema en 103 países del mundo. El estudio, elaborado por BloombergNEF, destacó a nuestro país por la implementación de políticas gubernamentales e inversión en la generación de energía limpia. En 2016, Chile estaba en el séptimo lugar del mundo. Ahora está en el número 1, seguido por India, Jordania, Brasil y Ruanda. El «Climatescope 2018» analizó 80 indicadores de políticas energéticas, emisiones y tecnología. Actualmente, la capacidad instalada de ERNC supera el 20 % del total de la matriz energética convirtiendo a Chile en líder regional.
4. Primer Tribunal Ambiental Resuelve Clausura definitiva de Pascua Lama.
Durante octubre el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta resolvió aprobar la sanción que clausuró definitivamente el proyecto minero Pascua Lama. El proyecto de extracción de oro y cobre a rajo abierto nunca alcanzó a operar y sus faenas se detuvieron en 2013. El tribunal aprobó la sanción de clausura definitiva respecto del cargo 7, por incumplimiento del compromiso de monitoreo de glaciares y glaciaretes emplazados en el área de influencia del proyecto. La medida se aplicó respecto de una de las 5 infracciones cursadas por la Superintendencia de Medio Ambiente a la Compañía Minera Nevada SpA, titular del proyecto propiedad de Barrick Gold. En octubre de 2013 Pascua Lama llevaba un avance del 40%; publicaciones de la época referían montos de inversión ya realizadas por Barrick entre US$4 mil y US$8 mil millones. Cuando fue presentado a evaluación ambiental el año 2000, el proyecto costaba US$950 millones.
5. Dirigente social de Modatima, Rodrigo Mundaca recibió Premio Internacional de Derechos Humanos. El premio reconoce el incansable trabajo y liderazgo de Mundaca en la denuncia de los impactos de la agroindustria exportadora de paltas sobre las aguas y la agricultura de subsistencia en la provincia de Petorca al norte de la región de Valparaíso. Rodrigo Mundaca inició su trabajo con la denuncia del robo de agua por parte de grandes empresarios agrícolas hace una década, logrando la conformación de una comisión investigadora sobre el caso. Posteriormente, a partir de acciones legales contra el dirigente por parte del empresario y ex ministro Edmundo Pérez Yoma, Mundaca y Modatima iniciaron denuncias en países europeos importadores de paltas chilenas, lo que permitió el reconocimiento de su labor a nivel internacional.
6. Se oficializa creación de Parque Nacional Patagonia bajo la administración de la Conaf. A inicios de diciembre salió de Contraloría el decreto de creación del Parque Nacional Patagonia, formulado por el gobierno de Michelle Bachelet, luego de la donación de la Fundación Tompkins Conservation al Estado de Chile. Con una superficie de 304.527,75 hectáreas, el Parque Patagonia integra terrenos donados por Douglas Tompkins (ex Hacienda Chacabuco), más los terrenos fiscales Reserva Nacional Jeinimeni y Lago Cochrane. Aunque el gobierno Piñera recortó la superficie del proyecto original para conceder terrenos fiscales para la explotación minera contiguos a la Reserva Jeinimeni, las comunidades locales que priorizan el turismo podrían revertir la amenaza minera en la zona. Este nuevo parque nacional se suma a los 40 parques del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), que administra CONAF; y constituye un gran avance para la conservación de ecosistemas en Chile, en especial de la estepa patagónica, zona de transición entre la árida estepa patagónica argentina y los bosques de coigüe templados de la Patagonia chilena, que incluye pastizales, montañas, bosques de coigüe y humedales.
7. Cámara de Diputados aprobó proyecto que impide el desarrollo de proyectos contaminantes en zonas latentes o saturadas. El proyecto de ley busca proteger a las zonas latentes o saturadas de nuevas inversiones que puedan agravar la contaminación. Fue despachado por la Cámara de Diputados, pasando a segundo trámite en el Senado. La norma establece que todo nuevo proyecto que genere emisiones superiores a un 1% de los contaminantes involucrados en la declaración de zona latente o saturada, no podrá ser admitido a tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La iniciativa pretende proteger a las denominadas “zonas de sacrificio” del ingreso de nuevas fuentes de contaminación, hasta que entren en vigencia los respectivos Planes de Descontaminación; ello, porque la elaboración de dichos Planes está demorando en promedio tres años, período en el cual podría agravarse la contaminación si ingresan al área nuevas industrias contaminantes. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de audiencias públicas en la Comisión de Medio ambiente del Senado, para luego ser sometida a votación.
8. Se conforma Movimiento Ciudadano “Chao Carbón” para el cierre de las termoeléctricas a carbón en todas las regiones del país.
Luego de su constitución a inicios de octubre la coalición ciudadana Chao Carbón[1],integrado por organizaciones sociales de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel, junto a ONG regionales y nacionales: el colectivo lanzó oficialmente el 1º de noviembre la campaña. Ello en coincidencia con el “día de todos los muertos”, y en memoria de quienes han fallecido a causa del impacto en su salud por las industrias contaminantes. A dos meses de lanzada la campaña, se han recolectado más de 28.000 firmas de demanda para el cierre de las carboneras, y logrado un alcance de más de 3 millones de personas. La campaña “#chaocarbon” se viralizó luego de la publicación de videos de rostros, artistas y líderes de opinión, haciendo un elocuente llamado a Sebastián Piñera: “Sr. Presidente, cierre las termoeléctricas a carbón en las zonas de sacrificio, nuestros compatriotas están muriendo, ¡Chao carbón!”. Este movimiento nacional logró también la constitución de una bancada parlamentaria que aboga por el fin de la generación eléctrica en base a carbón.
8. Chile gana candidatura como sede de la próxima Cumbre Climática COP25.
En diciembre la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que Chile será el organizador de la próxima Conferencia de las Partes de Naciones Unidas por la lucha contra el cambio climático, en su versión número 25 (COP25), la cual se realizará en enero de 2020. Chile tiene un enorme desafío en cuanto a la organización del evento, pero también en lo referido a mostrar cumplimiento y liderazgo en cuanto al compromiso climático mundial que se adoptó en el Acuerdo de París, en 2015, para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C -En comparación con los niveles preindustriales- e idealmente menos de 1,5° C.
La comunidad científica ha expresado que no son suficientes los compromisos realizados por los países en el Acuerdo de París ya que el aumento de temperatura podría superar los 3°C; y llamaron a reducir 45% de las emisiones al año 2030, y llegar a ser carbono neutral en 2050 para no superar el calentamiento en 1,5°C.
1. Intoxicaciones masivas por contaminación industrial en Quintero y Puchuncaví.
Emisiones excesivas de hidrocarburos orgánicos volátiles, dióxidos de azufre y otros gases altamente contaminantes provocaron la mayor crisis ambiental y sanitaria ocurrida en las comunas de Quintero y Puchuncaví, ambas saturadas de contaminantes desde hace décadas y con episodios de emergencia anteriores como el que afectó a los niños de La Greda. Si bien los impactos por derrames de carbón, petróleo y la contaminación atmosférica no son nuevos en la zona, durante agosto y septiembre de 2018 las comunidades de Quintero y Puchuncaví vivieron varios episodios consecutivos de intoxicación masiva, llegando a superar los 1.400 casos ingresados a los sistemas de salud. Esta nueva emergencia representa un ejemplo del abandono del Estado de su deber constitucional de resguardar el derecho a “vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y la deuda histórica de los diversos gobiernos con las personas condenadas a vivir en las denominadas “zonas de sacrificio” donde las autoridades han postergado la protección de la salud de la población para priorizar los intereses de grandes empresas, tanto públicas como privadas. Las intoxicaciones masivas también han demostrado la poca efectividad de los Planes de Descontaminación vigentes y las paupérrimas normas de emisión, la mayoría de las cuales duplican los parámetros de contaminantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
2. Gobierno no firma el Acuerdo de Escazú, pese a compromiso de Chile desde 2012.
Chile ha participado en la formulación y promoción delAcuerdo de Escazú desde el año 2012, convenio internacional que busca garantizar la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, el actual gobierno postergó la firma del Acuerdo argumentando que “como el Acuerdo permite que cada país firmante interprete las normas allí contenidas, se requiere de más tiempo para analizar las interpretaciones en relación a cómo se solucionarían conflictos internacionales entre Estados, a partir de la forma de cómo estos interpretan el tratado”. La demarcación de Chile del Acuerdo de Escazú, ha sido evaluado como grave y un bochorno internacional, que deja muy mal parado al Estado chileno ante la comunidad internacional. La posición de la administración Piñera, no es consecuente con las políticas de Estado que requiere el país, y que van en la línea de mayor protección del medio ambiente y de garantizar la justicia ambiental para las comunidades. El Acuerdo de Escazú es el primero de orden vinculante y regional para América Latina y El Caribe, que sube los estándares del acceso a la información oportuna y confiable, y el acceso a la justicia ambiental, para que las comunidades puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno.
3. Muerte de líder sindical Alejandro Castro, precursor del movimiento socioambiental en Quintero. El 4 de octubre, Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales C-24 de Quintero y dirigente activo del movimiento ciudadano generado en la zona ante las intoxicaciones masivas de la población local -mayormente niños- fue encontrado muerto, colgado de una reja en la vía férrea de Valparaíso y ahorcado con su propio bolso. Aunque en primera instancia la policía descartó la participación de terceros, y su muerte fue sindicada como un suicidio, familiares y amigos insisten en que se trató de un asesinato. Alejandro Castro había recibido amenazas de muerte, información que fue confirmada por el director de la Policía de Investigaciones. Qué pasó realmente es una pregunta pendiente que la justicia chilena deberá esclarecer tal como esclareció la muerte de Camilo Catrillanca. En Chile aún no se aclara la muerte de la líder ambientalista Macarena Valdés en 2016, opositora al proyecto hidroeléctrico en la comunidad mapuche del sector de Tranguil, al sur del país; y donde la policía también atribuyó como causa de muerte el suicidio.
4. Escape de salmones pone en riesgo biodiversidad en el mar chileno.
La noche del 5 de julio, en Isla Huar, en el archipiélago de Calbuco de la región de Los Lagos, se desató una tormenta –conocida como Puelche- que arremetió contra las jaulas de salmones de la empresa Marine Harvest instaladas en el mar, donde engordaban 900 mil ejemplares. Una vez calmada la tormenta se conoció el escape de 690 mil salmones. Uno de los riesgos asociados al escape de salmones, es que estas especies exóticas carnívoras, pueden establecer poblaciones viables en el medio natural y al no tener predadores (por ser especies introducidas) se comen e impactan a las poblaciones de especies nativas por competencia de espacio y alimentación.
5. Sobreexplotación de litio pone en riego Reserva Mundial de la Biósfera.
En enero de este año, CORFO renovó a SQM su contrato de explotación de litio hasta el año 2032, el cual involucra la posibilidad de quintuplicar su producción de litio. Esta renovación se realiza a pesar de que actualmente la compañía tiene un proceso sancionatorio vigente por seis infracciones ambientales.
Una de las áreas amenazadas por la explotación del litio, es el Salar de Atacama, territorio que ostenta el título de ser el tercer salar más grande del mundo (tras los salares de Uyuni en Bolivia y Salinas Grandes en Argentina). El de Atacama posee el 25 % de las reservas mundiales de litio y grandes cantidades de bórax y sales potásicas. En el salar, ubicado en la reserva nacional Los Flamencos, existen gran cantidad de flamencos y otras aves —como guayatas, ñandús y patos—, y mamíferos como guanacos y vicuñas, los que conviven con llamas y alpacas. El Litio se utiliza para almacenar energía y tiene un enorme potencial para la industria automotriz y de almacenamiento de sistemas eléctricos. Las reservas de litio pertenecen al Estado de Chile y son explotadas principalmente por Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) una empresa privada que, desde 1993, mantiene un contrato de arrendamiento con la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO): agencia pública a cargo de la administración de las reservas de litio.
6. Grandes productores de paltas secan las cuencas de los ríos Ligua y Petorca.
La sobreexplotación de las fuentes de aguas y la afectación del territorio de las comunidades de la Ligua y Petorca producto del monocultivo de paltas, se ha tornado irreversible. Diversos grupos científicos han criticado la forma y escala de esta agroindustria, señalado que la construcción de camellones en el sentido de la pendiente, para la plantación de paltos, ha generado erosión y mayor pérdida de suelo, permitiendo sólo cultivos altamente tecnificados -y de alto costo- como el monocultivo de paltos, dejando a los agricultores pequeños y campesinos, excluidos de poder mantener su producción tradicional. En la provincia de Petorca se produce el 30,5% de las paltas del país, pero a costa de secar los ríos y dejar sin agua para el consumo de las comunidades locales. Las empresas exportadoras del lugar han mantenido su negocio sobre la base de sobreutilización de bienes naturales finitos y han sembrado miles de hectáreas de cerro, terrenos no aptos para el cultivo, generando una devastación de la agricultura familiar en los valles.
7. Ejecutivo bloquea Proyecto de Ley Protección de Glaciares, quitándole el
patrocinio.
El Proyecto de Ley de Protección de Glaciares (Boletín N°9364-12) es una iniciativa parlamentaria, ingresada a tramitación en 2014, patrocinada por el gobierno Bachelet en 2015 y aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara en mayo de 2016. Tras dos años de espera en la Comisión de Hacienda para ser despachada a la sala, en junio de 2018, el gobierno de Sebastián Piñera, retiró el patrocinio del Ejecutivo al Proyecto de Ley de Protección de Glaciares, cuyo objeto es prevenir la destrucción de estas reservas de agua dulce, amenazadas por la minería en el territorio nacional. Este bloqueo gubernamental se produjo, cuando la Comisión de Hacienda se disponía a revisar el artículo referido a los gastos fiscales, ya que el proyecto de ley había sido aprobado por la Comisión de Medio Ambiente. Uno de los argumentos del ejecutivo, fue que no concuerda con establecer normativas específicas para distintas zonas de conservación. Según ellos la forma de proteger los glaciares es a través del proyecto que crea un Sistema de Áreas Protegidas, el cual está siendo tramitado por el Senado, pero no contiene definición específica para la protección de glaciares.
8. Gobierno presenta reforma que debilita participación ciudadana y regional en el SEIA.
En el mes de julio el gobierno Piñera ingresó al parlamento un proyecto mediante el cual reforma el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA) (Boletín Nº 11952-12), incluyendo un proceso de participación ciudadana temprana fuera del SEIA, y una centralización del Servicio de Evaluación en sólo tres macrozonas: norte (Antofagasta), centro (Santiago) y sur (Valdivia). La ministra de Medio Ambiente de la época, Marcela Cubillos, señaló que el gobierno busca cuatro objetivos con la reforma: reducir el componente político en el SEIA; ampliar los espacios de participación ciudadana; mejorar el procedimiento y fortalecer el acceso igualitario a la justicia ambiental. Pero en los hechos, el Ejecutivo reduce a la mitad el tiempo para la participación ciudadana dentro del SEIA y renuncia a fortalecer la institucionalidad. Las cifras del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental hoy muestran una autoridad sobrepasada, cuyos expedientes de fiscalización disminuyen año a año. De los 21.927 expedientes de fiscalización actualmente vigentes, sólo 733 han derivado en procedimientos sancionatorios, equivalentes al 3.3 % del total de los expedientes.
9. Violento e ilegal desalojo de familias ganaderas en precordillera de San Fabián de Alico. La empresa italiana Astaldi con apoyo de fuerzas especiales desalojó violentamente a cinco familias de campesinos en la zona cordillerana de San Fabián de Alico, región del Bío Bío, en el marco de la concesión del MOP para la construcción del Embalse Punilla que inundará la zona donde estas familias habitan. En el operativo la empresa destruyó ilegalmente las casas de las familias, con las cuales aún no se había acordado, ni cumplido con el plan de relocalización habitacional y con el Plan Ganadero. El conflicto generó la indignación de organizaciones y parlamentarios de la zona. El Tribunal Ambiental de Valdivia, decretó que la erradicación y destrucción de las viviendas por parte de la empresa fue ilegal y determinó la indemnización a las familias afectadas. Al término del año sólo se han entregado indemnizaciones insuficientes ante el violento desalojo sufrido, quedando pendiente el plan de cumplimiento de compensaciones determinado por la autoridad.
10. Fallo del Tribunal Ambiental abre la puerta a tronaduras en Isla Riesco. En diciembre el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, resolvió alzar la medida cautelar decretada en la causa iniciada por organizaciones ambientalistas en contra de Mina Invierno, ante el eventual inicio de extracción de carbón mediante tronaduras en Isla Riesco, lo cual fue denegado por el SEA Magallanes durante el gobierno anterior y luego autorizado por el actual gobierno. La empresa, propiedad de los grupos von Appen y Angelini tenía sólo autorización de extracción de carbón mediante medios mecánicos desde su yacimiento al norte de Punta Arenas, por lo cual la autorización gubernamental gatilló la solicitud de medidas cautelares por parte de los afectados, siendo concedido por el tribunal. No obstante, luego de la apelación de la minera, el tribunal levantó la suspensión, lo que implica una pésima señal para la sociedad chilena, ya que el uso de explosivos en una zona prístina de Magallanes, generaría impactos irreversibles sobre flora, fauna y recursos hídricos, además de facilitar la extracción de un carbón de mala calidad, justo en momentos cuando el país inicia una fase de descarbonización de su matriz energética. Con la aprobación de tronaduras para abaratar la explotación de carbón el gobierno muestra un absurdo doble estándar: por un lado anima una mesa público-privada para descarbonizar la generación eléctrica, y por otro lado subsidia mediante concesiones mineras y permisos de extracción de carbón con uso de explosivos en áreas de alto valor ambiental, lo que constituye una incoherencia.
1. Reforma al Código de Aguas. La reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12) fue despachada por la Cámara Baja en noviembre de 2016 en primer trámite constitucional, pasando a tramitación en el Senado en la Comisión de Recursos Hídricos, la cual aprobó y despachó el proyecto durante el año 2017. Durante el año 2018 la Reforma del Código de Agua debió ser discutida y aprobada en la Comisión de Agricultura, pero el bloqueo del nuevo gobierno a la reforma por presión del empresariado agroindustrial, condicionó la tramitación a la espera de nuevas indicaciones del Ejecutivo, las cuáles nunca se concretaron. Lamentablemente, la senadora presidenta de la Comisión ha aceptado el bloqueo del Ejecutivo, y los parlamentarios integrantes de la misma no han apurado los compromisos del gobierno y tampoco han iniciado la votación del texto legal, limitándose a la realización de un prolongado año de audiencias en las que se ha oído mayoritariamente a organizaciones empresariales y de regantes, postergando la urgencia de esta reforma demandada por las organizaciones ciudadanas y las comunidades afectadas por escasez hídrica. La reforma lleva 6 años de tramitación, ignorando la urgencia regulatoria para la protección de las fuentes de agua, la priorización de los usos del agua y la declaración de su acceso como un derecho humano. La extensa tramitación de la norma, ha generado la molestia de las organizaciones sociales, que la han calificado de dilatoria para mantener el statu quo.
2. Cronograma de cierre de termoeléctricas a carbón. En el marco del acuerdo firmado en enero de 2018, por el Ejecutivo y las empresas de generación eléctrica propietarias de las unidades que operan con carbón (ENEL, Engie, AES Gener y Colbún), en el mes de junio se dio inicio al trabajo de la Mesa de Descarbonización, cuyo objetivo ha sido analizar los criterios y condiciones para el retiro y/o reconversión de unidades de generación eléctrica a carbón. La Mesa ha debatido sobre temas de seguridad del sistema eléctrico nacional, la actividad económica local y los aspectos medioambientales que permitan establecer criterios para un cronograma de retiro y/o reconversión de dichas unidades. Se espera que durante el primer trimestre de 2019 el Ministerio de Energía entregue a la opinión pública el cronograma de cierre de las centrales, en base al trabajo realizado en la Mesa durante el año 2018.
3. Tramitación de la Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP).El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Boletín 9404-12) se encuentra actualmente en la Comisión de Hacienda del Senado, donde ingresó el 2 de enero de 2018. A un año de permanecer en dicha Comisión, ante la falta de liderazgo y claridad del Ejecutivo y las presiones de CONAF, aún no se ha logrado dirimir si la administración de las áreas protegidas permanecerán en CONAF o pasarán al Ministerio de Medio Ambiente. Aunque el proyecto SBAP establece que todas las áreas protegidas pasan al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente; el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) que se tramita paralelamente al SBAP, establece que las actuales áreas protegidas quedarían bajo SERNAFOR (Ministerio de Agricultura) y que sólo las nuevas áreas pasarían al Ministerio de Medio Ambiente. Lamentablemente esta lucha por la administración de las áreas protegidas, ha invisibilizado el tema de fondo, que es el desafío de mejorar el proyecto de ley para asegurar una mayor protección jurídica a las áreas protegidas, lo cual no está incluido adecuadamente en el texto en tramitación. Por ello, consideramos que está pendiente no sólo el proyecto de ley, sino que también la mejora del texto legal para asegurar una efectiva protección y financiamiento de las Áreas Protegidas en el país.
4. Actualización de las normas
ambientales para equipararlas con los estándares recomendados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La reciente emergencia sanitaria en las comunas de Quintero y
Puchuncaví, y
el escándalo ocurrido con los Planes de Descontaminación de Huasco y Quintero -este
último rechazado por la Contraloría General de la República-
ha dejado en evidencia el tremendo poder del sector empresarial sobre los
sucesivos gobiernos y la irresponsabilidad del Estado en cuanto a resguardar la
calidad ambiental mandatada por la Constitución.
En Chile no sólo se hace caso omiso a los estándares de calidad ambiental recomendados por la OMS para proteger
la salud y vida de la población, permitiendo
niveles de contaminación que duplican o
triplican la presencia de emisiones nocivas al medio ambiente, sino que además no cumple con la legislación nacional que mandata actualizar el estándar de las normas cada 5 años. En
este contexto, dada la grave contaminación atmosférica que afecta a las denominadas zonas de sacrificio, es
prioritario actualizar la norma de emisión
para termoeléctricas que limita las emisiones
de material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido
de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NO2), todos los cuales superan los estándares recomendados por la OMS.
[1] La Coalición Chao Carbón reúne a 17 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran: Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Coordinadora Despierta Mejillones, Movimiento Tocopilla Vuelve, SOS Huasco, Movimiento Chao Pescao, AIDA, ONG Yanapanaku, Oceana, Terram, Alerta Isla Riesco, ONG Fima, Defensoría Ambiental, Instituto de Ecología Política, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Greenpeace Chile, Fundación Relaves y Chile Sustentable.
