Chile ha completado una semana en estado de crisis social y política, que escaló al nivel nacional expresando el malestar ciudadano por la inequidad estructural del marco político y económico vigente. El punto culmine fue la marcha de millones de chilenos en Santiago y regiones el 25 de octubre, en rechazo a las condiciones legales e institucionales heredadas de la dictadura y en general perpetuadas durante los gobiernos de transición, que concentró la riqueza, los bienes comunes y el poder político en una minoría, a costa del bienestar de la mayoría.
La oferta del gobierno, centrada en paliativos económicos a pensiones mínimas, ingresos mínimos y suspensión de alzas de tarifas de servicios básicos no estuvo a la altura, ni en sintonía con las demandas. La rebaja en la remuneración de los parlamentaros y el alza del impuesto a los ricos (ingreso mayor a 8 millones al mes; no inciden significativamente en la situación de los más vulnerables y tampoco marca un cambio de rumbo en la distribución de los beneficios del desarrollo económico. Amén de ignorar las dimensiones territoriales, ambientales y políticas de la crisis; las que hoy mismo se formulan y discuten en asambleas y cabildos autoconvocados en todas las regiones, para definir prioridades para un nuevo Pacto Social, con cambios estructurales al marco legal y constitucional vigente.
El tardío cambio de gabinete fue una señal indispensable para reconstruir la interlocución con el sector político y las organizaciones ciudadanas. Pero por sí mismo, sin apertura del gobierno a discutir un nuevo Pacto Social, no logrará restaurar la gobernabilidad democrática.
En este contexto, como organización ciudadana de interés público, Chile Sustentable tiene la convicción de que la crisis social es también ecológica, lo que también emerge en las diversas regiones del país. La apuesta de los gobiernos de distinto sello ideológico por el extractivismo, además de generar una riqueza que no se distribuyó, ha implicado una carga ambiental insostenible para las comunidades que habitan los territorios y ecosistemas que sostienen dicho modelo. Miles de compatriotas hoy sufren y soportan cargas ambientales que degradan su salud y causan niveles de mortalidad muy superiores a la media nacional.
Es el caso de las llamadas zonas de sacrificio como Tocopilla, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, o lugares en donde no existe acceso al agua para consumo humano y economías de subsistencia, no obstante la agroindustria o la minería continúan expandiéndose. No es sólo el caso de La Ligua y Petorca, sino de cientos de comunas entre Atacama y el Maule, hoy en emergencia por la crisis hídrica. La inequidad en el acceso al agua se extiende hasta las regiones del sur y afecta a cientos de poblados rurales. Sumado a lo anterior, hoy día existe criminalización de los defensores del medio ambiente y territorios, muchos de los cuales han sufrido hostigamientos y amenazas; incluso en algunos se investiga su causa de muerte.
Todo ello evidencia las profundas causas de la crisis social y ambiental que hoy vive el país y que requiere cambios inmediatos en el ámbito legal, y simultáneamente un pacto social para impulsar cambios constitucionales que permitan una transición democrática hacia la equidad social y la justicia ambiental en Chile.
En este contexto, de crisis social que es también una crisis ambiental, Chile Sustentable desea comunicar a la opinión pública 4 demandas de corto plazo, que también lo son de diversas coaliciones ciudadanas, para un Nuevo Pacto Social y una Nueva Constitución.
- PONER FIN A LAS ZONAS DE SACRIFICIO: Ante la vulneración de su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que están sufriendo muchos compatriotas en diversas comunas del país, en que se superan las normas, demandamos el cierre de las termoeléctricas e industrias que combustionan carbón, el financiamiento inmediato para implementar los planes de descontaminación y el cambio de las normas de calidad del aire en base a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
- CAMBIOS LEGALES PARA ENFRENTAR LA CRISIS HÍDRICA: Existen factores climáticos pero también legales que han causado la crisis hídrica que hoy afecta a Chile. Ello afecta los derechos humanos y la subsistencia de miles de compatriotas invisibilizados principalmente en las zonas rurales del país. Por ello demandamos la aprobación inmediata de la reforma al Código de Aguas, la aprobación de la Moción Parlamentaria para proteger los glaciares y aprobar la reforma constitucional que permite restablecer el estatus legal del agua como bien público y propiedad de todos los chilenos.
- FIRMAR Y RATIFICAR EL ACUERDO DE ESCAZÚ: Prevenir la vulneración de derechos, la injusticia ambiental y la ausencia de verdad y justicia en los casos de defensores de causas ambientales, además de avanzar en el acceso a la información y participación ciudadana que permita mayor justicia ambiental, requiere fortalecer los derechos ambientales de los chilenos. Por ello demandamos la inmediata firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.
- RETIRAR LAS INICIATIVAS LEGALES QUE DEBILITAN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. El gobierno ha ingresado a tramitación proyectos de ley que priorizan la inversión a costa de la protección del medio ambiente, tales como: a) Ley que modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Boletín 12.714-12); b) el proyecto de Ley Pro Inversión (Boletín 11.747-03); c) la Indicación sustitutiva a la reforma del Código de Aguas (Boletín 543-12); d) la Indicación sustitutiva a la Moción para la Protección de Glaciares (Boletín 11.876-12). Demandamos al gobierno retirar estas leyes que van en dirección contraria a la seguridad hídrica y la justicia ambiental.
Santiago, 29 de octubre de 2019
