El martes 7 de enero las comisiones unidas de Medio Ambiente y Economía del Senado, en el marco de la votación del proyecto Pro-Inversión, deberán pronunciarse respecto de los criterios que debe contemplar la ley para evaluar ambientalmente (o no) los proyectos de centrales generadoras de energía.
El gobierno de Piñera ya propuso eliminar la evaluación ambiental de los embalses en la ley de presupuesto –cuestión que ya fue revertida por el Tribunal Constitucional– y ahora en el proyecto de ley de Pro-Inversión se insiste en eliminar los criterios ambientales para evaluar centrales de energía. Específicamente, la propuesta del Ministro de Economía propone dejar a un reglamento (que dependa del gobierno de turno) los criterios de política ambiental que definan qué centrales de energía se evaluarán y cuáles no.
Ello implicaría evitar o relativizar la evaluación de impacto ambiental de centrales que son intensivas en el uso del territorio, como por ejemplo el caso de las centrales hidroeléctricas, lo que es contrario al principio precautorio que fundamenta el Sistema de Evaluación Ambiental. Recordemos además que, ante el calentamiento global, Naciones Unidas ha alertado de que estamos experimentando una extinción masiva de especies y pérdida de biodiversidad a ritmos acelerados siendo unas de las principales causas en el mundo, el cambio de uso del suelo.
Creemos que los criterios de evaluación de la ley ambiental pueden ser perfectibles, pero en ningún caso deben ser más laxos. La reforma “pro-inversión” al SEIA propuesta por el gobierno constituye un retroceso ambiental, e incluso político; pues los criterios ambientales sobre el uso del suelo y los criterios de evaluación de la industria de la energía ya no dependerá de la ley y el Congreso Nacional, sino serán determinados caso a caso por los organismos sectoriales, como el Servicio de Evaluación Ambiental y/o la Comisión Nacional de Energía (CNE), que podrán cambiar los reglamentos de evaluación a gusto del gobierno de turno, tal como está proponiendo el gobierno hoy: relajar y evitar la evaluación ambiental para facilitar la inversión.
Chile, en el marco de la transición de su matriz energética desde el carbón hacia fuentes más sustentables, requiere discusiones de alto nivel, sobre cuáles serán los impactos ambientales y territoriales que el país y las regiones deberán asumir, para concretar dicha transición con justicia social y pertinencia ambiental. Esta discusión de política pública ambiental debe iniciarse desde los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, y no como un proyecto con sesgo “pro-inversión” del gabinete de Economía. Los nuevos criterios de evaluación ambiental deberían discutirse y aprobarse en el Congreso como ley y no dejarlos al vaivén de un reglamento. El momento político requiere profundidad y rigurosidad y no un “fast-track” pro-inversión.
Por eso, hacemos un llamado a los senadores a rechazar este martes el articulado referido a relajar la evaluación ambiental de los proyectos energéticos. La transición energética, al igual que las transformaciones impulsadas por la crisis social, requiere de parlamentarios con altura de miras, responsabilidad socio ambiental y coherencia política.
Por Sara Larraín
