La recientemente promulgada ley que permite a los trabajadores chilenos retirar el 10% de sus ahorros previsionales en el contexto de la crisis económica creada por la pandemia del Covid-19 contó con el apoyo mayoritario de la ciudadanía y de los parlamentarios, dado que es una vía de acceso directo de los trabajadores (muchos de ellos cesantes) a recursos económicos propios, ante la lentitud del gobierno para concretar medidas de auxilio a las familias necesitadas.
Aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, la reforma fue fuertemente rechazada por el Gobierno, cuyos voceros argumentaron que “Va a debilitar las pensiones”(ministro de Hacienda, Ignacio Briones); que “tiene complicaciones, no solo en materia de que desprotege el futuro por proteger el presente, sino que daña las pensiones futuras”(ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar); o que “Es una iniciativa de dudosa constitucionalidad”(ministro del Interior, Gonzalo Blumel). No obstante, contradictoriamente a estas alarmas sobre los riesgos de la reforma, el 4 de junio el Gobierno del presidente Piñera presentó al Congreso un proyecto de ley para ampliar las inversiones de las AFPs, incorporando la posibilidad de que estas puedan invertir en títulos de deuda no inscritos, lo que permitiría inversiones más expeditas, pero también mucho más riesgosas.
Pero esta lógica discursiva de proteger los ahorros previsionales de los chilenos, por un lado, y realizar acciones que los hacen más vulnerables por otro, es un hecho generalizado. Las AFP han invertido nuestro dinero en empresas riesgosas y por ello los fondos de pensión de la mayoría de los chilenos han evidenciado importantes pérdidas.
Mas aún mantienen nuestros ahorros en empresas altamente vulnerables como por ejemplo las que poseen activos dependientes del carbón y que contradicen los criterios de seguridad financiera dictados por los organismos internacionales, debido a que son causantes del cambio climático y debieran cerrar en las próximas décadas.
En el caso de Chile las AFP han invertido nuestros ahorros previsionales en la propiedad de 18,47% del paquete accionario de AES Gener, empresa dueña de 15 de las termoeléctricas a carbón que operan en nuestro país, y cuyo parque generador hoy es 100% en base a
combustibles fósiles. Las carboneras de AES Gener además contaminan las ciudades de Huasco, Puchuncaví, Tocopilla y Mejillones que sufren graves niveles de contaminación atmosférica y fracasados planes de descontaminación, por lo tanto, nuestros ahorros previsionales también están enfermando a la población de esas comunas. Esto nos indigna y nos cuestiona éticamente, pero el sistema AFP no permite que los ahorrantes condicionen donde se invertirán sus ahorros. Estas obligado a ser cómplice de la degradación ambiental local y de la generación de gases de efecto invernadero.
Lo mismo ocurre en el caso de ENGIE, donde 22,14% corresponde a acciones propiedad de las AFP. Dicha empresa dueña de 9 generadoras a carbón, la mitad de las cuales cerrará al año 2024 y el resto al 2040. La inversión de nuestros ahorros a través de las AFP también está en 14,96% del paquete accionario de Enel, dueña de 2 carboneras en Coronel que ha comprometido cerrar al 2022; y también nuestros ahorros son parte del 19,33% de la propiedad de Colbún, cuya carbonera en Coronel genera graves problemas ambientales.
Tan inseguro, riesgoso y contradictorio es invertir nuestros fondos en empresas eléctricas dueñas de termoeléctricas a carbón que, en el último informe semestral del IPSA, principal indicador de la Bolsa de Santiago, que anotó una caída de 15,22%, están dentro de las diez
acciones más depreciadas las de AES Gener con una baja de -27,61% y las de Enel Américas con un 25,75%.
Invertir en energías contaminantes, obsoletas y que van a la baja, desprotege también nuestras pensiones futuras. El riesgo asociado al cambio climático es relevante para los fondos de pensiones por su potencial efecto en la sustentabilidad de largo plazo de las inversiones.
Ese riesgo debe ser explícitamente reconocido e integrado en la gestión de riesgo y en las políticas de inversión de las administradoras de fondos de pensiones con el objetivo de garantizar una adecuada gestión de los ahorros previsionales de los y las trabajadoras chilenas.
Rechazar que chilenos y chilenas puedan retirar 10% de sus ahorros previsionales, para paliar el hambre, la cesantía y los problemas de salud, es ética y políticamente inaceptable, en un contexto donde las Administradoras de Fondos de Pensiones, en el último año han sostenido perdidas por cerca del 10% de los ahorros de las y los trabajadores del país. Adicionalmente, presentar una ley para que las AFPs puedan invertir nuestros ahorros de manera más riesgosa aún, en títulos de deuda no inscritos, es una decisión carente de responsabilidad sobre nuestras pensiones.
Las AFPs ponen en riesgo los ahorros de los chilenos al mantener inversiones en empresas de generación a carbón causantes del cambio climático, de esta forma no garantizan la seguridad presente ni futura de los ahorros previsionales, aunque la Norma General N.º 386 que les exige a las AFP información de responsabilidad social y ambiental existe, pero se ha retrasado su vigencia.
Los ciudadanos no sólo deberían tener la opción de retirar el 10% de sus ahorros que administran las AFPs, para hacer frente a los graves efectos socioeconómicos de la Pandemia y la tardía gestión del gobierno, sino que deberían poder decidir en qué y donde se invierten sus fondos de pensiones, para así lograr el objetivo de no debilitar las pensiones, y proteger el bienestar presente y futuro evitando que nuestros ahorros se inviertan en empresas que impactan el clima, destruyen el medio ambiente y contaminan y enferman a la población.
Por Sara Larraín, publicada en Voces de La Tercera
