Con satisfacción hemos observado cómo el gobierno de Gabriel Boric ha promulgado el nuevo Código de Aguas que, prioriza el acceso para el consumo humano. Seguramente, será una importante medida que va a regular el uso de las fuentes hídricas de Chile, tan necesario desde una perspectiva hídrica, considerando que tenemos 101 cuencas hidrográficas, (aguas superficiales y subterráneas) que están distribuidas en 756.102 km2 de territorio.
Lo anterior se ha visto amenazado tanto por los estragos del cambio climático, como por la intervención antrópica. Por todos es conocido el caso de la Provincia de Petorca o por la triste escena de los ríos de la zona central que apenas llevan agua producto también de la crisis climática.
La administración del nuevo Código de Aguas, tal como lo han señalado las autoridades, tendrá un enfoque social, ambiental y con la participación activa de la ciudadanía. Es la primera vez que se propone un plan de adaptación al cambio climático y es la primera vez que se reconoce la posibilidad real de que podrían existir limitaciones en la disponibilidad de agua para la población. Es sin duda un gran paso después de 11 años de insistir en esta transformación impulsada por la ciudadanía. Un verdadero logro de los movimientos ambientalistas, ecologistas y las mismas comunidades locales.
Se viene un proceso lento, pero que se aprecia seguro. Ya está la herramienta para que el Estado avance hacia la transición hídrica justa, disminuyendo la inequidad en el acceso.
Es importante clarificar que la reforma destaca, por sobre todo, que el uso del agua es de todos los habitantes de Chile, y consagra la prioridad del abastecimiento para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia tanto en el otorgamiento como en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas. Pero a su vez protege la función ecosistémica del agua, resguardando y prohibiendo la entrega de derechos en glaciares, sectores de vegas, bofedales, humedales y áreas declaradas bajo protección de la biodiversidad.
En este contexto, es esperable que la bajada de esta política se vea plasmada en medidas concretas y fórmulas para promover el equilibrio en eficiencia y seguridad en los usos productivos. Al consagrar el Derecho para uso en su fuente o destinado a la conservación de los ecosistemas son una innovación. La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) tendrá que establecer un caudal ecológico mínimo con el objetivo de velar por la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Por lo tanto, el Presidente de la República tendrá la atribución de reservar el recurso con fines de preservación.
Así también, se modifica el concepto de derechos de aprovechamiento de aguas. Tendrán un carácter temporal y serán otorgados a través de una concesión. Su duración será de 30 años, pero dependerá tanto de la disponibilidad de la fuente de abastecimiento como de la sustentabilidad del acuífero.
Los derechos podrán extinguirse por su no uso, total o parcialmente y los derechos caducarán si no se inscriben en el Conservador de Bienes Raíces y en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la DGA-MOP. La regularización solo podrá iniciarse dentro de los 5 años de publicada esta ley y se establecen nuevos procedimientos y plazos destinados a acelerar los procesos de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas.
Además, se permite hacer uso de los derechos en lo que corresponda, pero si hay problemas de disponibilidad de la fuente y la redistribución de aguas superficiales de forma proporcional por parte de la Junta de Vigilancia de Río respectiva o de la DGA-MOP, incluso sin un decreto de escasez hídrica.
Finalmente, tras once años de esperar que se reformara el código de Aguas, y que se promulgara por parte del ejecutivo, es de esperar que realmente se tome el cauce correcto y las medidas sean las acertadas considerando la grave situación hídrica del país y la realidad territorial particular de las comunidades y asentamientos urbanos. Sin duda, un desafío que estará presente a lo largo de toda la gestión del agua de este gobierno.
Por Ximena Salinas, subdirectora Chile Sustentable
