Carta de Energía: un acuerdo que no se alinea con los compromisos climáticos actuales.

Los tratados y acuerdos internacionales son herramientas que, en este mundo globalizado, permitan generar trabajo colaborativo entre países y/o con otras entidades internacionales. En cierta manera, todo tratado o acuerdo afecta a la soberanía de los países, ya que al establecer un acuerdo cada parte cede algo para lograr un supuesto beneficio.

No todos los acuerdos son iguales. Algunos como el Acuerdo de Escazú se basan en la colaboración entre países de una misma región para asegurar la protección de los derechos humanos, la participación y el acceso a la información. Otros, como el TTP -11 más que acuerdos son mordazas que ponen trabas a las libertades de los países y ciudadanos, buscando como único beneficio la acumulación de las grandes trasnacionales.

Dentro de estos últimos se encuentra el Tratado sobre la carta de la energía (TCE), el cual es un TTP – 11 para la transición energética.

El TCE es uno de los tratados de protección de inversiones más peligrosos del mundo, ya que protege a los inversores privados en todo el proceso de desarrollo de un proyecto. Posee las tasas más altas de demandas contra Estados y es una de las herramientas predilectas de los grandes conglomerados fósiles para castigar a Estados que buscan avanzar hacia una matriz renovable.

Se encuentra principalmente en Europa y Asía, pero con interés de extenderse a América Latina bajo la promesa que este podría potenciar la inversión extranjera en el sector energía.

El TCE es un acuerdo anticuado, que no se alinea de ninguna manera con el Acuerdo de París ni los compromisos climáticos actuales. Fomenta las energías fósiles y protege hasta por 20 años luego de terminado el proyecto a los inversores ante posibles cambios en las condiciones de inversión.

Chile es un país con un gran potencial para la instalación de energías renovables, por lo que tratados como este no aportan en el proceso que, a pesar de ir lento, está ocurriendo.

Nuestro país y región deben mantenerse lejos de acuerdos que no beneficiarán a la población, que volverán más difícil el escenario de la descarbonización y que no permitirán la mejora en las condiciones de vida de las personas que habitan los territorios afectados por la contaminación.

Nuestro país puede suscribir acuerdos, siempre que estos se alineen con los desafíos que tenemos en la actualidad y que tiene que ver con el aseguramiento de la justicia climática y ambiental.

Por Javiera Lecourt 

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