La directora ejecutiva Chile Sustentable en su exposición en la Comisión de Minería y Energía respaldó el proyecto que se discute en la Cámara Alta y que busca modificar la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, posicionando a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad.
Estos dos aspectos permitirían el ingreso de nuevas fuentes de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional y así mitigar el impacto del país en materia de cambio climático.
Modificar los ingresos tarifarios y implemente la licitación de sistemas de almacenamiento eléctrico son dos de las acciones que la Fundación Chile Sustentable destaca como clave para facilitar el ingreso de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional y así mitigar el impacto del país en materia de cambio climático.
Así lo manifestó Sara Larraín, ante la Comisión de Minería y Energía del Senado durante su sesión del miércoles 27 de septiembre. En la jornada los legisladores escucharon diversas presentaciones en el marco del proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética, posicionando a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad.
“Es importante avanzar en medidas habilitantes y despejar barreras para el ingreso masivo de energías renovables. Es una buena propuesta modificar los ingresos tarifarios y licitación de almacenamiento propuesto”, señaló en la ocasión la directora de Chile Sustentable.
Sobre lo primero, recordó que el proyecto propone reasignar un porcentaje de los ingresos tarifarios excesivos a los generadores afectados por la alta congestión en la transmisión. Esto permitiría “compensar el impacto a un sector al cual se le ofrece un acceso abierto, lo cual no está funcionando cuando hay congestión”. Junto a esto estabiliza el sistema, reduce riesgos a la inversión en energía limpia, al proteger los contratos baratos que benefician al consumidor, abarata los costos del financiamiento de la generación renovable operando como un seguro y es un mecanismo que evita atraso en la transición energética.
Y en materia de las licitaciones de almacenamiento, Sara Larraín puntualizó que acelerar estos procesos “no es un capricho del actual gobierno y de este proyecto de ley. Esto en la Política Energética Nacional, que nació de una mesa con múltiples actores por muchos meses, donde se determinó la necesidad de 2.000 Gw al año 2030. Por lo tanto, lo que esta ley está haciendo es ofrecer un mecanismo para poder acelerar esto”. Esto, más aún cuando al 2050 se contempla llegar a 6.000 Gw, para la operación óptima de un sistema eléctrico 80% y 100% renovable al cumplimiento de ambos períodos. Lo que hace la propuesta legal es facultar al Estado para llamar a licitación y cubrir esta necesidad, posibilidad que no existe en la actualidad en el marco del Sistema Eléctrico Nacional.
Por último, relevó también que el proyecto le entrega nuevas atribuciones al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional para avanzar hacia un sistema eléctrico bajo en emisiones, exigiéndole desarrollar planificación de corto, mediano y largo plazo y desarrollar diversos informes que robustecen el curso del desarrollo eléctrico.
La iniciativa legal ingresó al Senado en julio de este año, encontrándose actualmente en primer trámite constitucional.
