Chile: ¿El agua para la paz?

En el Día Mundial del Agua de 2024 resuena el lema «Agua para la paz», propuesto por las Naciones Unidas, invitando a una discusión que hace algunos años era parte de la ciencia ficción.

Según António Guterres, Secretario General de la ONU, «nuestro mundo está en aguas turbulentas. Los conflictos se recrudecen, prevalecen las desigualdades, prolifera la contaminación y la pérdida de biodiversidad, y mientras la humanidad sigue quemando combustibles fósiles, la crisis climática avanza con celeridad y fuerza mortífera, amenazando aún más la paz». Actuar en el ámbito del agua significa actuar por la paz. Es la misma ONU la que promueve una gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos y la aplicación de mecanismos que permitan la cooperación para la protección del agua. Y en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), uno de los ejes básicos del progreso de los países va de la mano con mejorar la salud, reducir la pobreza y la desigualdad, e impulsar la seguridad hídrica y alimentaria.

Por esta razón, y dada la larga data de nuestra crisis hídrica, el relator especial de la ONU sobre el “Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano y Sostenible” declaró que en nuestro país se prioriza el uso industrial del agua por encima de la acción de la población hacia este recurso, y se permite la contaminación de áreas habitadas, ante lo cual «Chile debe dar prioridad a remediar estas violaciones de derechos humanos exigiendo a las empresas que reduzcan la contaminación, se trasladen o cierren, que inviertan en la rehabilitación de los ecosistemas contaminados y se indemnice a las víctimas». Esta declaración se dio este año frente al Consejo de Derechos Humanos que se reúne en Ginebra.

Estos análisis van de la mano con los diferentes diagnósticos de instituciones nacionales e internacionales. Tenemos un problema en la gestión y cuidado del agua. Y esta crisis es una amenaza para la paz de comunidades principalmente rurales y genera un efecto devastador en ríos, lagos y humedales.

En esta misma línea, el último informe de Desempeño Ambiental de la OCDE presentado este mes en la CEPAL da cuenta de la grave y profunda crisis hídrica que «exige una acción concertada para mejorar la asignación y la calidad del agua y reforzar la gobernanza de este recurso». El país no aguanta la presión sobre los conflictos por los recursos de agua dulce, principalmente por la mega sequía de 14 años que hoy tiene a 58 comunas con Decreto de Escasez Hídrica, donde la región de Coquimbo este mes sumó una Declaración de Zona de Riesgo Sanitario de la Seremi de Salud. Otra evidencia es que la Priorización del Consumo Humano de Agua es una herramienta de urgente implementación, pues la inseguridad hídrica ya es parte de la realidad de muchas localidades rurales.

En esta misma línea, el informe de la OCDE pone énfasis en la importancia del resguardo de los cuerpos de agua: «La contaminación del agua es un gran motivo de preocupación; las aguas residuales urbanas e industriales, la acuicultura, la agricultura y la minería son las principales fuentes de contaminación del agua». Y las medidas de emergencia que toma el Estado Chileno no son adecuadas para una gestión integrada de recursos hídricos que sea sostenible. Chile «debería introducir medidas de gestión de la demanda, mejorar la eficiencia en el uso del agua y garantizar un sistema de asignación de agua robusto y flexible, entre otras razones para hacer frente a los efectos del cambio climático». 

Esto implica necesariamente aceleración de procesos y asignación de recursos para la implementación de la Reforma al Código de Aguas y la Ley Marco de Cambio Climático, que ofrecen un marco regulatorio con herramientas que permiten la priorización del consumo humano, la restauración de los ecosistemas y el control de la sobreasignación de los nuevos Derechos de Agua.

Sin embargo, como se refleja en el Informe de la OCDE, como sociedad aún no podemos resolver y avanzar en la limitación de Derechos de Aprovechamiento de Agua en zonas sobre otorgadas, en el ajuste en la extracción del agua sustraída, en normas de calidad y vertido de aguas con sanciones efectivas y una regulación ambiental que cubra todas las masas de agua. Y qué decir del retraso en elementos de Gobernanza Integrada de Recursos Hídricos, donde la principal novedad del año fue el cambio de nombre de los Consejos de Cuenca (lideradas por el Ministerio de Medio Ambiente) a Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos a cargo del Ministerio del Medio Ambiente a través de la DGA, organismo que históricamente tiene dificultades para enfrentar el desafío de una Gobernanza participativa y sostenible del Agua. El panorama actual no es muy esperanzador.

Para buscar esa paz que promueve la ONU, debemos trabajar como sociedad civil en el fortalecimiento de una gestión hídrica justa, alineada con los objetivos ambientales de la sociedad chilena y la necesidad actual de protección de acuíferos que se encuentran en riesgo. En el fortalecimiento de una gestión integral con prioridad en la seguridad hídrica y protección ambiental. El desafío es grande, porque según lo que todos vemos… estamos lejos.

 

 

 

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