La OCDE recomienda a Chile implementar reformas sustanciales para hacer frente a la grave crisis hídrica del país

El organismo internacional entregó 36 recomendaciones que abarcan diversas áreas, tales como la calidad técnica de la evaluación de impacto ambiental, la participación significativa de la población y objetivos climáticos más estrictos en transporte y construcción.

La  tercera Evaluación de Desempeño Ambiental  de Chile (EDA 2024), recién presentado en la sede de la Cepal en Santiago el pasado jueves 7 de marzo, insta a Chile a mejorar la evaluación ambiental,  prevenir los impactos  de la industria del hidrógeno y la explotación del litio y la llevar a cabo «reformas sustanciales» para abordar la crisis hídrica que afecta profundamente al país. Estas conclusiones forman parte de 36 recomendaciones destinadas a compatibilizar la protección del medio ambiente y la actividad económica.

La OCDE destaca la urgencia de abordar la crisis hídrica y aboga por una reforma fiscal verde como prioridades fundamentales. La directora de Medio Ambiente de la OCDE, Jo Tyndall, resaltó la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire, gestionar residuos y llevar a cabo reformas cruciales para abordar la creciente crisis del agua.

En el ítem de “Políticas y Asignación de Recursos Hídricos”, el documento establece categóricamente que Chile debe “Llevar a cabo una reforma integral de la asignación de agua con el fin de atajar la sobreexplotación y la asignación excesiva de recursos; estudiar la posibilidad de definir los derechos de agua como parte de los recursos disponibles”.

La evaluación de la OCDE recalca que “Chile debe continuar reformando la asignación del agua. La reforma positiva del Código de Aguas de 2022 representó un avance al establecer la prioridad del abastecimiento para consumo humano e introducir permisos de duración definida para los nuevos derechos de agua. No obstante, persisten desafíos con los derechos de agua existentes, que están definidos como propiedad privada, cedidos de manera gratuita a perpetuidad y han sido objeto de una sobreasignación”.

El informe subraya la importancia de asignar el agua de manera eficiente, mejorar su calidad y establecer proyectos piloto en cuencas fluviales. También hace hincapié en la necesidad de un comité científico para abordar la crisis del agua, que ha exacerbado los conflictos sociales en el país.

“Dar prioridad a la aprobación del proyecto de ley para la formalización de la gobernanza a escala de cuenca con el fin de establecer autoridades de cuenca fluvial con funciones claras de planificación y gestión”, consigna el documento.

Como parte del panel de comentarios al informe , la directora de Chile Sustentable Sara Larrain, aseguró que desde la perspectiva de la sociedad civil, “el problema del agua, no solo es la escasez sino la gestión”, agregando que la inseguridad hídrica y la inequidad en su gestión  “es el principal problema ambiental, económico y probablemente de derechos humanos y del desarrollo en Chile». Además, manifestó que «los planes estratégicos por cuenca son el espacio de diálogo que nos va a permitir socializar y democratizar la gestión del agua. Porque hoy, lamentablemente, esto es manejado por los propietarios de las aguas, no por la sociedad».

La directora de Chile Sustentable en su intervención, también destacó los avances en la reciente regulación hídrica, climática y de biodiversidad, pero hizo hincapié en la persistencia de un problema estructural en Chile que debe resolverse: «necesitamos una planificación y un ordenamiento estratégico del territorio para construir un desarrollo sólido”. Enfatizando su deseo de “expresar una humilde solicitud a la OCDE. Sería beneficioso iniciar un diálogo con Chile para evitar seguir avanzando con fragmentación. La inclusión de un ordenamiento territorial adecuado no solo fortalecerá nuestra capacidad de respuesta ante incendios, sino que también evitará que realicemos actividades en lugares inapropiados, reduciendo así la vulnerabilidad», destacó Sara Larraín.

A pesar de las recomendaciones, el organismo reconoce, en general, avances positivos en la agenda ambiental de Chile, como la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, señala que las instituciones medioambientales aún necesitan más recursos para su desarrollo adecuado.

La OCDE busca desvincular el crecimiento económico de las presiones ambientales, promoviendo un enfoque más sostenible para el desarrollo de Chile, así como de otros países miembros.

Si quieres profundizar en los hallazgos y recomendaciones entregadas por la OCDE en el EDA 2024, puedes revisar el documento AQUÍ

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