Conversatorio organizado por el Colegio Médico reunió a especialistas en salud, derecho ambiental y transición energética para analizar las consecuencias de los decretos ambientales retirados de la Contraloría General de la República, el estado de la descarbonización en Chile y los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de la población.
La necesidad de fortalecer las políticas de protección ambiental y avanzar con mayor decisión en la transición energética fueron algunos de los principales temas abordados durante el conversatorio «Decretos ambientales retirados de CGR sobre MP 2,5 y termoeléctricas: implicancias para la salud», organizado por el Departamento Nacional de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile.
La actividad reunió a representantes de organizaciones ambientales, especialistas en salud pública y representantes de la sociedad civil para debatir sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de calidad del aire, regulación ambiental y protección de las comunidades frente a los efectos de la contaminación.
Durante el encuentro se analizó el impacto que tiene el material particulado fino (MP 2,5) sobre la salud de las personas, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Los expositores coincidieron en que la evidencia científica respalda la necesidad de fortalecer las normas ambientales para reducir la exposición de la población a contaminantes atmosféricos y prevenir enfermedades asociadas a la mala calidad del aire.
Se abordó la situación de los decretos ambientales retirados de la Contraloría General de la República, destacándose la importancia de que el Gobierno agilice su reingreso para dar continuidad a procesos regulatorios fundamentales para la protección de la salud pública, los ecosistemas y el cumplimiento de los compromisos climáticos del país.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, abordó los avances y desafíos pendientes del proceso de descarbonización en Chile. Durante su presentación, advirtió que el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón debe ir acompañado del cumplimiento efectivo de las normas ambientales y sectoriales aplicables, especialmente en aquellos territorios que por décadas han soportado las mayores cargas de contaminación.
Entre los desafíos pendientes identificados durante el conversatorio se destacó la necesidad de exigir el reingreso a la Contraloría General de la República de los Decretos Supremos N°8/2025 y N°3/2026, además del Decreto N°14 que aprueba la Gobernanza de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, instrumento considerado fundamental para dar continuidad a las mesas locales de gobernanza creadas en Tocopilla, Mejillones y Coronel.
Se relevó la urgencia de avanzar en la reparación de los daños históricos provocados por la contaminación en las denominadas zonas de sacrificio, mediante diagnósticos epidemiológicos, programas de acompañamiento a las personas afectadas y mecanismos efectivos de restauración ambiental.
«El cierre de las centrales a carbón es un paso importante, pero no suficiente. Chile debe asegurar el cumplimiento de las normas ambientales, la reparación de los pasivos ambientales y sanitarios acumulados durante décadas y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios», señaló Sara Larraín durante el encuentro.
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de que los gobiernos nacional y regional impulsen planes de reconversión económica para las comunas en transición, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y empleo en los territorios históricamente dependientes de la generación eléctrica a carbón.
Por su parte, Antonio Pulgar, coordinador de Estudios de ONG FIMA, analizó el escenario regulatorio actual y las implicancias que el retraso de estos instrumentos puede tener para la protección ambiental y el fortalecimiento de la institucionalidad pública. En tanto, el Dr. Yuri Carvajal, presidente del Departamento Nacional de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, expuso sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la salud y la necesidad de avanzar en estándares más exigentes de calidad del aire.
Los participantes también destacaron el rol de la ciudadanía en la defensa del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, haciendo un llamado a exigir el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y a involucrarse activamente en los procesos de discusión pública relacionados con la calidad del aire, la transición energética y la protección de la salud colectiva.
El encuentro concluyó con un llamado transversal a fortalecer la institucionalidad ambiental, acelerar la implementación de políticas de descarbonización y garantizar que las decisiones regulatorias incorporen criterios de salud pública, justicia ambiental y participación ciudadana, entendiendo que la protección de las personas y de los ecosistemas son desafíos inseparables.
