La iniciativa, que está en segundo trámite constitucional, se ha transformado de facto en un proyecto que cambia la legislación ambiental, con el fin de favorecer las inversiones de sectores productivos de alto impacto ambiental y comunitario.
Para este miércoles 15 de julio está convocada el Senado la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (conocido como megarreforma), que durante las últimas semanas se revisó en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. La jornada será clave para el avance de la iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados abordando no sólo materias económicas sino que también ambientales. La citación contempla su tramitación hasta total despacho.
A pesar de ser un proyecto de carácter económico, el articulado contempla múltiples artículos que afectan la institucionalidad ambiental. Lo cual ha sido cuestionado por las organizaciones del país ligadas a la protección del medio ambiente.
Desde Chile Sustentable, por ejemplo, se puso el foco en la incoherencia basal de intentar modificar la institucionalidad ambiental cuando en paralelo avanza en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el fondo, el texto cambia de facto la legislación ambiental con el fin de favorecer las inversiones de sectores productivos de alto impacto ambiental y comunitario.
En el detalle del articulado, el principal nudo crítico que se mantiene es la compensación que el Estado debiera entregar a las empresas en caso de que los tribunales reviertan una resolución de calificación ambiental (RCA) favorable. Aunque el gobierno ha planteado que esto aplicaría como una especie de seguro, lo cierto es que operaría como un seguro público a favor de empresas privadas que no tienen ningún otro sector de la sociedad. Esto, más aún considerando que cualquier particular o empresa puede recurrir a la justicia ordinaria si siente que ha sido perjudicado por actuaciones del Estado.
A esto se agrega la postergación, ahora por Ley, de puesta en marcha total del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) a través de la implementación gradual de los reglamentos necesarios. Similar derrotero se está proponiendo para la homologación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, que también sufrirían un retraso si el proyecto es aprobado tal como salió de la discusión de comisiones.
En materia de justicia ambiental también se plantean ciertos retrocesos. Uno de ellos es que se propone que las medidas cautelares que pueden establecer los tribunales ambientales no excedan los seis meses. Lo complejo de esta limitación es que muchas veces los juicios duran mucho más antes de tener una sentencia definitiva, por lo cual si pasado los seis meses de la detención de un proyecto se está obligado a dejarlo reiniciar, no se asegura la protección ambiental que la institucionalidad está obligada a salvaguardar.
Ante esto, desde Chile Sustentable se llamó a los senadores a votar pensando en el interés público y no en el de sectores económicos que desde siempre han buscado la desprotección ambiental y de las comunidades locales.
Crédito imagen: Dedvi Missene / La Tercera.
