Chile Sustentable analizó el estado de avance de la implementación de la Ley 21.600 entre marzo y junio de 2026, identificando demoras en la dictación de reglamentos y en el traspaso de las áreas protegidas desde Conaf al SBAP, y avances en la homologación de áreas protegidas.
A cinco meses del inicio de las operaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Fundación Chile Sustentable presentó un nuevo informe elaborado por la Dra. María Isabel Manzur, investigadora en Biodiversidad de la institución, que evalúa el estado de implementación de la Ley 21.600 durante el período marzo-junio de 2026. El documento concluye que persisten importantes retrasos que dificultan la consolidación de la nueva institucionalidad encargada de la conservación de la biodiversidad en Chile.
El estudio analiza el avance de los 17 reglamentos contemplados por la ley, además de los procesos de traspaso institucional, la homologación de áreas protegidas, la definición de sitios prioritarios y la situación de las concesiones en áreas protegidas.
Uno de los principales hallazgos del informe es el retraso en la dictación de los reglamentos necesarios para la implementación de la Ley SBAP. Aunque estos debían estar completamente dictados en septiembre de 2025, a junio de 2026 solo uno de los 17 reglamentos se encuentra vigente. Además, 12 reglamentos que habían sido ingresados a la Contraloría General de la República fueron retirados por el actual Gobierno el 12 de marzo de 2026 para su revisión, lo que ha prolongado aún más el proceso. Hasta la fecha, únicamente el reglamento sobre los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE) ha sido reingresado.
El informe también analiza el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación, que propone ampliar de dos a cuatro años el plazo para dictar los reglamentos de la Ley SBAP. Frente a ello, Chile Sustentable plantea que el plazo podría reducirse a tres años si se reingresan todos los reglamentos retirados y se completa la elaboración de los cuatro reglamentos restantes durante 2026.
Otro de los temas abordados corresponde a la definición de los sitios prioritarios para la conservación. El informe señala que este proceso continúa suspendido debido a las más de 10 mil observaciones recibidas durante la consulta pública realizada en 2025 y a la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de revisar las observaciones realizadas y la metodología utilizada. Este proceso tiene plazo hasta el 2028 y se está en espera de la dictación del reglamento sobre sitios prioritarios.
En materia de áreas protegidas, el estudio destaca como uno de los principales avances la homologación de los primeros cinco Santuarios de la Naturaleza a las nuevas categorías establecidas por la Ley SBAP, realizado durante los meses de febrero y marzo de este año.
El informe también da cuenta de la postergación del traspaso de las áreas protegidas y de 505 funcionarios desde Conaf al SBAP. El proceso estaba previsto para comenzar el 1 de agosto de 2026. Sin embargo, el Gobierno decidió aplazarlo hasta marzo de 2027 señalando la existencia de brechas institucionales, de infraestructura y presupuestarias detectadas.
Finalmente, el documento revisa el conflicto en torno a las concesiones acuícolas en áreas protegidas, recordando que la Ley SBAP exige la existencia de un plan de manejo vigente para otorgar nuevas concesiones. En ese contexto, analiza la reclamación presentada por una empresa salmonera ante el Segundo Tribunal Ambiental y advierte sobre la importancia de resguardar que la elaboración de los planes de manejo se realice sin presiones de intereses económicos.
El informe concluye que el principal desafío sigue siendo acelerar la implementación de la Ley SBAP para que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas pueda ejercer plenamente las funciones para las cuales fue creado y fortalecer la conservación de la biodiversidad en el país.
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